jueves, 17 de enero de 2013

La especulación inmobiliaria y el futuro


CIUDAD DE BUENOS AIRES

La especulación inmobiliaria y el futuro

Por Gabriela Massuh y Jonathan Baldiviezo
09/09/12 - 12:09
 
Invirtiendo en infraestructura allí donde espera inversiones inmobiliarias, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires expulsa a sectores de menores recursos, destruye la identidad histórica y cultural de los barrios porteños, eleva hasta el paroxismo el precio de los terrenos e intenta “sanear” las villas y los inquilinatos mediante una política que le da la espalda a la necesidad de los carenciados. Los sucesos del Parque Indoamericano a fines de 2010 fueron la contracara siniestra de estas políticas.
Con estas políticas indiscriminadas, exacerbadas bajo el gobierno de Macri, Buenos Aires está corriendo el riesgo de convertirse en una ciudad gótica al estilo Blade Runner. El Gobierno de la Ciudad no tiene tapujos en proclamar que puede albergar a tres millones de habitantes adicionales… construyendo en altura. La progresiva demolición de la sustancia urbana y la creciente construcción de torres obedecen exclusivamente a una lógica especulativa, cuya contracara es la dificultad de acceso a la vivienda por parte de los sectores populares y las clases medias, así como del hacinamiento en villas, barrios, hoteles e inquilinatos de los carenciados.
El artículo 31 de la Constitución de la Ciudad garantiza el derecho a la vivienda digna y a un hábitat adecuado a todos sus habitantes, y obliga a reurbanizar las villas y los asentamientos, y a promover la incorporación de las viviendas deshabitadas. El Plan Urbano Ambiental (Ley N° 2.093, sancionada 13 de noviembre de 2008), al cual deben adecuarse las demás leyes de la Ciudad, ordena proteger e incentivar las identidades barriales, promover tipologías edilicias que no den lugar a situaciones de segregación social ni a disrupciones morfológicas, preservar los sectores urbanos de baja y media densidad poblacional, implementar acciones a fin de reurbanizar las villas y mejorar inquilinatos, hoteles y pensiones. Claramente, el actual Gobierno de la Ciudad no cumple con ninguno de estos mandatos constitucionales.
Desde que asumió, el gobierno de Mauricio Macri se ha esmerado en dejar sin efecto las normas urbanas dedicadas a mantener el equilibrio ambiental; otorga permisos de demolición o de construcción que no respetan las normas; no cumple con los procesos participativos de consulta y consentimiento; no se realizan las evaluaciones de impacto ambiental de grandes construcciones o de acumulación de obras en manzanas o barrios; autoriza desalojos exprés; se negó a prolongar la Ley 2.548, que protege los edificios construidos antes de 1941; bloquea el tratamiento parlamentario de aquellos proyectos de ley que se vinculan con la protección del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, y desatiende las consignas de preservación que dicta la misma Constitución de la Ciudad.
Entre 2004 y 2011, el incremento del precio de los terrenos fue del 281%, llegando a incidir entre un 30% y un 50 % en el costo de la construcción, cuando la norma histórica llegaba como mucho al 25%. Esta es una de las razones que explican que el 60% de los habitantes que llegaron al área metropolitana entre 2001 y 2006 se establecieran en asentamientos informales, la mayoría de las veces a través de ocupaciones. Según las cifras del Censo 2010, la población que vive en villas se incrementó, entre 2001 y 2010, de 110 mil personas a 160 mil/180 mil, es decir que hubo un incremento del 52%.
En la ciudad de Buenos Aires, la población en emergencia habitacional se multiplica de manera directamente proporcional a la construcción de viviendas suntuosas (torres). Acerca de esta situación, los resultados del censo nacional del año 2010 son más que elocuentes: en la ciudad de Buenos Aires hay un 25% de viviendas vacías, cifra que se incrementa hasta el doble en las zonas de Puerto Madero y Recoleta. Como ejemplo: luego de estallada la burbuja inmobiliaria en España, el censo de población y viviendas del año 2011 indicó que el total de las viviendas desocupadas de España es del 12%, cifra que triplica la media europea y que, sin embargo, es más de dos veces inferior a la de los inmuebles vacíos en la ciudad de Buenos Aires.
Esta situación, que especula con el suelo, concentra la riqueza, expulsa a los carenciados, destruye la fisonomía de la Ciudad y se lleva puestos a los espacios públicos, debe cambiar. Para ello, Plataforma 2012 propone una serie de medidas detalladas en su página web, donde puede leerse el documento completo: http://plataforma2012.org/.

*Miembros de Plataforma 2012.

http://www.perfil.com/ediciones/2012/9/edicion_709/contenidos/noticia_0022.html

La Defensora y la especulación inmobiliaria

Por: Enrique Viale, Sebastián Pilo y Jonatan Baldiviezo *
La “Defensora del Pueblo de la Ciudad”, Alicia Pierini, acaba de pronunciarse -en el sitio web de su propiedad “Noticias Urbanas”- opinando en defensa de la piqueta, la especulación inmobiliaria y la construcción indiscriminada (ver: “Corralito Inmobiliario” 1). Es de una gravedad institucional inusitada, teniendo en cuenta que su misión es defender los intereses generales, y no intentar presionar a la Justicia saliendo en auxilio de intereses particulares.
Lo que no se animaron a decir ni el Gobierno de la Ciudad, ni las Cámaras Empresariales, ni las corporaciones profesionales, lo hizo la “Defensora del Pueblo”. La especulación inmobiliaria agradecida.
La nota de opinión está llena de inexactitudes, o simples mentiras. Por ejemplo, opina la “Defensora” que la Justicia “ordenó al Poder Ejecutivo la suspensión del otorgamiento de permisos de obra o demolición respecto de la totalidad de los inmuebles anteriores al 41 sean o no de valor patrimonial“. La señora Pierini no leyó la sentencia que critica. De hacerlo, hubiera evitado malinformar a la sociedad, ya que la medida judicial establece en forma expresa que los inmuebles que no presenten valor patrimonial estarán exentos de la prohibición, mediante un simple dictamen en tal sentido del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales. Hace años (desde el 2007) que ese mismo procedimiento está vigente en la Ciudad (en virtud de la Ley Nº 2.548, sus prórrogas y modificatorias), sin que cause ninguno de los males que se anunciaron antes de que comience su funcionamiento, y que ahora se vuelven a agitar desconociendo la historia.
Con argumentos que rememoran sus épocas de funcionaria menemista, la “Defensora” hace un llamamiento -casi desesperado- a la “seguridad jurídica”, omitiendo que ésta también es para los ciudadanos en general: seguridad jurídica de que sus derechos a un ambiente sano, a la conservación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural sean respetados. En lugar de esta seguridad jurídica, Pierini prefirió defender sólo la de los negocios.
Desinforma también Pierini cuando sostiene que “La Legislatura -representantes del pueblo- tuvo la cuestión en sus manos y tomó la decisión de no seguir prorrogando la ley 2548“. La Legislatura no tomó ninguna decisión sobre este tema, no hubo decisión mayoritaria alguna al respecto. Las medidas de dicho cuerpo legislativo se adoptan mediante leyes, resoluciones o declaraciones, y ninguna de ellas ha sido dictada por el Poder Legislativo local. Lo que hizo la Legislatura es justamente omitir adoptar una decisión, aunque aún tiene tiempo para hacerlo, debido a que los 6 expedientes con proyectos de ley que se refieren al tema -en sentido similar al pretendido por la acción de amparo- se encuentran plenamente vigentes y con estado parlamentario (hay proyectos de diputados/as del FAP, del FPV, de la CC, de Proyecto Sur y del PRO, entre otros).
Luego sostiene la “Defensora” que “La inmensa mayoría de lo anterior al 41 con valor histórico o arquitectónico ya ha sido catalogado y por tanto protegido“. Muestra aquí Pierini un gran desconocimiento del tema, o simplemente miente. El Gobierno de la Ciudad debió hacer un relevamiento completo de los inmuebles anteriores a 1941 y determinar, en cada caso, si los mismos poseían o no valor patrimonial. Pero como es costumbre, el Gobierno omitió cumplir su deber. De manera que existen decenas de miles de inmuebles cuyo valor patrimonial no ha sido determinado. Tanto es así, que se hicieron públicas en el último tiempo una importante cantidad de demoliciones de edificios que jamás debieron ser destruidos, y que la “Defensora” no puede desconocer. Si para muestra basta un botón, puede la “Defensora” darse una vuelta por lo que fue la casa de Alfonsina Storni, hoy víctima de la piqueta que defiende Pierini. Le podemos alcanzar cientos de otros casos si quisiera instruirse al respecto.
“Despidos en masa”, “crisis económica del sector”, son sólo algunos de los dislates que irresponsablemente lanza la “Defensora”, replicando los mismos argumentos que usan los que desmontan los bosques nativos o los voceros de la megaminería cuando pretenden destrozar glaciares de nuestra Cordillera. Hay que recordarle a Pierini que el boom inmobiliario en la Ciudad se dio justamente durante los años de vigencia de la Ley Nº 2.548 -que establece el procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial-, el cual la medida judicial en forma análoga ordena.
Es alarmante que la “Defensora” desconozca la Constitución de la Ciudad que obliga a todos sus funcionarios -sobre todo a ella- a promover “… La preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico…” (Art. 27 CCABA). Juró hacerla cumplir cuando asumió, como también defender los intereses generales y no el interés particular del lobby inmobiliario.
Este amparo, es cierto, nunca debió haber sido presentado por organizaciones especializadas y vecinales. Ante el incumplimiento del Gobierno de la Ciudad, la acción judicial debió haber sido iniciada por quien tiene mandato constitucional para ello: la “Defensora”. Nuestra acción es consecuencia de su omisión.
Resulta lamentable que, teniendo la posibilidad de defender los intereses del Pueblo, haya privilegiado los negocios de la corporación inmobiliaria. Alicia Pierini puede defender los intereses comerciales de quien se le antoje, la Defensora del Pueblo de la Ciudad NO!

Adhesiones:
Amigos del Parque Central
Asociación Amigos del Lago de Palermo
Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
Asociación Civil Amigos del Parque Los Andes
Asociación Civil por la Reserva
Asociación Vecinal Lago Pacífico
Colectivo por la Igualdad
Comisión de Vecinos de la calle Irala y Adyacencias
Mutual P.R.I.S.M.A.
Palermo Despierta
Proteger Barracas
Proyecto DES-LIMITES
SOS Caballito

http://otrabuenosaires.com.ar/la-defensora-y-la-especulacion-inmobiliaria/

El PRO o los derechos de los usuarios


El PRO o los derechos de los usuarios

El PRO o los derechos de los usuarios
Por Marcos Zelaya y Jonatan Emanuel Baldiviezo. El pasado 2 de enero la Ciudad asumió el Servicio de SUBTE luego de un año de indefiniciones. Pero este no es el fin de los problemas para los porteños que, entre otras situaciones, sufrieron una suspensión del servicio de diez días.  

Mediante la aprobación de la ley Nº 4.472 se reguló el traspaso y los mecanismos de gestión del SUBTE. Esta ley fue prenda de negociación en el marco del pacto entre el macrismo y el kirchnerismo en la Legislatura porteña vinculado al favorecimiento de la especulación inmobiliaria. La ley es una declaración de principios políticos macristas: superpoderes, disminución de derechos laborales, reprivatización del SUBTE, manejo de fondos públicos sin control, aumento de impuestos, endeudamiento.
Las primeras medidas anunciadas son, por un lado, la interrupción por dos meses del servicio de la Línea A entre el 12 de enero y el 8 de marzo para poner en marcha el “Plan de renovación de la Línea A” y, por otro, el inminente aumento de tarifa.
Según la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la cantidad de personas transportadas en el mes de enero de 2012 fue de  2.789.447 y en febrero de 2012 fue de 2.663.679. Entre los dos meses se suma un total de 5.453.126 de personas transportadas, cifra aproximada de viajes que los usuarios del SUBTE no podrán realizar.
El plan anunciado por Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) resulta motivado por objetivos políticos, publicitarios y electorales, no técnicos, ya que como el mismo Presidente de SBASE sostuvo, las alternativas para realizar las medias sin interrupción del servicio tomarían 8 meses.
El “Plan de Renovación de la Línea A” consiste en el retiro de los 95 coches del túnel vía Taller Polvorín, el cambio de tensión y el alistamiento intensivo de las 9 formaciones chinas, capacitación del personal, 70 parejas, cambio de ruedas de los 25 coches Fiat. No se encuentran antecedentes de una interrupción del servicio de SUBTE por semejante lapso de tiempo para la realización de acciones de modernización análogas. El material rodante que reemplazará a los coches belgas (Le Brugeoise) fueron comprados a la empresa CITIC de China en forma directa y son objeto de una investigación judicial en el marco de una denuncia penal por sobreprecios presentada por el ex legislador Facundo Di Filippo, en los cuales están involucrados Ricardo Jaime, la Empresa CITIC y Franco Macri, intermediario de la operación.
En primer lugar, la decisión de suspender la Línea A no cumplió con pasos administrativos previos como la realización de una audiencia pública. En segundo lugar, el criterio de seguridad empleado para fundamentar la suspensión del servicio no surge de las recomendaciones de la Auditoría realizada por Transports Metropolitans que costó 400.000 Euros ni de las declaraciones de Miguel Bonilla Ruiz, encargado de su dirección, quien descartó el peligro inminente del uso de los choches Le Brugeoise. La Línea A es la que presenta menos incidentes relacionados con la seguridad de toda la red de SUBTE. En tercer lugar, ni el Poder Ejecutivo ni SBASE cuentan con autorización legal para interrumpir el servicio del SUBTE.
La interrupción del servicio de la Línea A es una decisión irrazonable ya que restringe los derechos de los usuarios y los comerciantes del subte y adopta la alternativa más gravosa para sus derechos.

http://www.marcha.org.ar/1/index.php/nacionales/118-opinion/2793-fines-electorales-del-pro-vs-derechos-de-los-usuarios-del-subte