Sin Misericordia con las Rejas
De
Jonatan Emanuel Baldiviezo
En agosto del año pasado el Gobierno
de la Ciudad
(GCBA) anunció el enrejamiento perimetral de la Plaza Pueyrredón ,
conocida como Plaza Flores, y de la
Plaza de la Misericordia. En marzo de este año terminaron los
trabajos de enrejamiento de la
Plaza Flores. Las irregularidades cometidas mereció la
denuncia penal por parte de vecinos del barrio y de la Defensoría General
de la Ciudad
por violar leyes que protegen los bienes patrimoniales y arqueológicos de la Ciudad.
Ahora ha llegado el momento para la Plaza de la Misericordia. La
Plaza está ubicada en el
Barrio de Flores en el perímetro entre Directorio, Bilbao, Lautaro y Camacuá. A través de la Licitación Privada N° 47/SIGAF/2013 el GCBA ha
adjudicada la instalación de las rejas a la empresa Instalectro S.A. por un
monto de $ 748.943 pesos.
El
GCBA utiliza nuevamente el discurso de la inseguridad y el vandalismo para
justificar el enrejado. Frente a la inseguridad se pueden adoptar dos
caminos. Uno consiste en el miedo al otro, la seguridad es aislarse en la
esfera privada de cada uno, limitar los espacios de contacto. Otro es no temer al
encuentro, apostar por conocer a los otros, compartir e interactuar en ámbitos
públicos. El GCBA apuesta al primer camino, frente a cuestionamientos de
seguridad en ámbitos públicos su propuesta es que éstos no existan.
En la Plaza de la Misericordia se
repite la misma estrategia que se ha advertido en otras plazas o parques. El
GCBA no cumple con el mantenimiento, las luminarias no son reparadas, los
guardianes de plaza no cumplen sus funciones, no están presentes integrantes de
las fuerzas de seguridad. Frente a este estado de abandono, absolutamente
evitable, desde el gobierno se propone el enrejado como solución.
También se acude al temor. Sospechosamente a días de iniciarse las obras de
enrejado las palomas del parque fueron envenenadas sin saberse aún los
responsables. Esto fue utilizado para encintar todo la Plaza y como un argumento
más para justificar su enrejado.
Pero en el caso de la
Plaza de la
Misericordia la decisión del enrejamiento del GCBA no irá
acompañada de una "puesta en valor" como si se hizo en el Parque
Centenario y se propone para el Parque Lezama. La licitación es únicamente para
el enrejamiento y la construcción de un canil, otras prioridades peticionadas
por los vecinos y el mantenimiento de la Plaza son soslayados.
La decisión de enrejar la Plaza no la ha dispuesto el
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tal como fue en el Parque Centenario
y en el Parque Lezama. Esta vez la estableció la Secretaría de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno. Por este motivo,
se tuvo que realizar una licitación privada por afuera de la Licitación que adjudicó el
“Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes" para
toda la Ciudad.
La
deficiencia democrática también es ostensible. Es una dimensión no
respetada por el Macrismo desde que asumió el gobierno. En la Ciudad no nos regimos únicamente
a través de una democracia representativa sino también por una democracia
comunal y una democracia participativa. Es un eje arquitectónico de la Constitución de la Ciudad que cada decisión y
política del Gobierno tiene que ser con participación de los colectivos
afectados o de los vecinos que deseen participar en la decisión. La mayoría de
los vecinos del Barrio recién se enteraron de que su plaza será enrejada cuando
leyeron el cartel de obra. Por otra parte, la Secretaría de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana tampoco dio participación a la Junta Comunal ni al
Consejo Consultivo de la
Comuna N ° 7. El Consejo Consultivo es el ámbito de mayor
participación vecinal institucional de cada comuna y ni siquiera accedió a los
pliegos de la licitación.
La negación de la democracia participativa cuando se trata de bienes
comunes también está relacionada con una idea de lo público. Lo público es entendido
como la propiedad del Estado, soberano y señor de tomar decisiones sobre sus
propiedades de forma inconsulta. Esto cambia drásticamente en una democracia participativa, lo público ya no es algo esencialmente
estatal, sino algo de todos, un bien
común y, en consecuencia, su destino pertenece a una decisión adoptada
simbióticamente entre el Estado y el sector de la sociedad involucrada.
El
enrejado de la Plaza
de la Misericordia
constituye una restricción de nuestras libertades. No se debe entender que
sólo existe privación de libertad cuando nuestra libertad ambulatoria es
restringida intensamente como cuando las personas son detenidas en el marco de
una causa penal. También nuestro derecho a transitar libremente es menoscabado
cuando nos prohíben ingresar a un lugar al cual teníamos derecho de acceder con
anterioridad. De acuerdo a la Constitución de la Ciudad (Art. 27) tenemos
derecho al acceso libre y gratuito a espacios públicos como las plazas. El
enrejado implica que alrededor de la mitad de las horas del día no podremos
hacer uso de nuestro derecho. Como condición mínima el gobierno para restringir
nuestra libertad ambulatoria necesita de una ley aprobada por la Legislatura de la Ciudad. Esta ley no
existe. En alrededor de 90 plazas y parque de la Ciudad el GCBA nos impide
el ingreso sin que exista normativa alguna que lo autorice, en forma absolutamente
ilegal.
Incluso si existiese una ley en esa
dirección esta confrontaría directamente con otros mandatos constitucionales. La Ciudad tiene el mandato constitucional de promover el incremento de los
espacios verdes, tanto en su aspecto espacial como temporal. Es decir, debe aumentar la cantidad de m2 de
espacios verdes y de no disminuir el acceso y uso temporal de los mismos. El enrejamiento viene a incumplir esta
obligación constitucional al restringir irrazonablemente los tiempos que la
ciudadanía puede usar y disfrutar de los espacios verdes.
De acuerdo a Bauman, en la Ciudades existen espacios
antropoémicos que expulsan a los individuos que son considerados extraños. Son
lugares de acceso selectivo, delimitados por una barrera que estimula la separación
espacial. Un parque o una plaza enrejada constituye un espacio antropoémico. De esta forma, la
Plaza de la
Misericordia de ser un espacio público que brindaba la
posibilidad de relacionarse con un otro y que estaba enmarcado en una sociedad
incluyente es muy posible que devenga luego del enrejamiento en un espacio
público excluyente. En consecuencia, la política de enrejamiento va en contra
del mandato constitucional de que la
Ciudad debe promover el acceso libre a los espacios públicos
y facilitar el acceso a los bienes culturales y públicos.
En forma recurrente surgen cuáles
son los criterios valorativos del macrismo respecto a los espacios verdes.
Éstos tienen un valor económico o meramente paisajístico. En este último caso,
las rejas cumplen el rol de propender a crear grandes jardines sólo
contemplados detrás de las rejas y cuyos usos sociales son restringidos en
tiempo y diversidad para evitar el deterioro inherente a éstos.
Todas estas cuestiones de expulsión
social y de decisión sobre territorios urbanos en forma autoritaria generan
fuertes resistencias, precisamente porque involucran la defensa del ambiente y
hábitat del cual formamos parte y que con nuestras experiencias colaboramos en
su construcción. La apropiación de nuestros territorios en sus usos y
morfología afecta íntimamente nuestra subjetividad y los proyectos de vida que
trazamos. No son casuales las fuertes protestas y las represiones sucedidas
durante este año en el Parque Centenario, la Sala Alberdi
El caso del enrejamiento de la Plaza de la Misericordia no
escapa a estas resistencias y expresiones de dignidad. El viernes pasado los
vecinos se autoconvocaron a una reunión asamblearia para empezar a organizar acciones
colectivas a fin de impedir la instalación de las rejas. Alrededor de 100
personas manifestaron su rechazo, expresando que son obras que no responden a
las prioridades sociales y culturales del barrio, que la inseguridad tiene otro
tipo de soluciones, que se ha ninguneado la participación vecinal y de las
comunas. La Asamblea
se desarrolló hasta las nueve de la noche y mucho más duró el encuentro de
vecinos pensando y conversando sobre temas comunes del barrio. Las rejas
también serán funcionales para impedir estos encuentros, a la hora que los
vecinos puedan reunirse luego de un día de trabajo, sus puertas se cerrarán. Un
lugar de encuentro y disfrute colectivo se transformará por arte de las
políticas de este gobierno a partir de cierto horario en un desierto social,
una isla silenciosa e inhumana.
